Nos ha sorprendido gratamente, como a tantos otros, su compromiso asumido en su conferencia de prensa del 5 de diciembre. En verdad esperábamos esto y mucho más desde hace décadas, pero seamos positivos. Le tomamos la palabra, que puede ayudar a producir hechos de relevancia en materia de verdad sobre los detenidos-desaparecidos.
Para empezar, en el caso Castro, ya vinculado al de la madre de Macarena Gelman. La casona de Millán y Loreto Gomensoro, donde está comprobado que se lo tuvo y torturó, fue comprada bajo el nombre de una persona inexistente por orden del entonces jefe del SID general Amauri Prantl y el aval de una escribana, esposa de un oficial del SID, de la que hasta ahora su fuerza sólo informó a la justicia remitiéndole la cédula catastral. Hay allí una responsabilidad institucional, a la que usted se refirió.
El pozo donde se lo encontró tenía 1,40 metros de profundidad. Allí, como en los otros tres enterramientos hasta ahora detectados y la evidencia de tierra removida, no trabajaron uno o dos oficiales; es evidente que trabajó personal subalterno, y numeroso. Hay mucha gente que sabe de esto. Proporcionar sus nombres a la justicia que lleva adelante este caso suponemos que puede ser de gran ayuda.
A Julio Castro se lo asesinó, lo cual ha conmovido a la opinión pública; y por ser él una persona pública es ya un caso paradigmático. La está conmoviendo como no lo hicieron el asesinato de Elena Quinteros, ejecutada según afirmaron Carlos Ramela y Gonzalo Fernández, ni el de los 28 militantes del PVP traídos desde Argentina y muertos, caso en el que hay condena firme. Tal vez sabemos poco de lo que realmente pasó; tal vez sea la acumulación de lo sucedido lo que ha conducido al hartazgo y la opinión pública está diciendo basta.
En todo caso, Julio Castro no es el primer ejecutado. Aparentemente lo fue al borde de su fosa, lo que explicaría su pie con la bota alzada, que sus ejecutores no se animaron a tocar. Esa bota sigue andando, señor comandante, lo que explica que se esboce un cambio en la situación. Así, podemos dar definitivamente por falsa la tesis propagada desde las Fuerzas Armadas de que no se ejecutaba.
Aparentemente, Castro fue ejecutado como parte de una operación de inteligencia o contrainteligencia, o negación de la inteligencia. En 1977, el SID realizó una acción contra sedes diplomáticas que daban amparo a perseguidos a través de Julio Castro y seguramente otros. Su desaparición actuó como un mensaje de estilo mafioso. La ejecución de Julio Castro fue un crimen de Estado.
A los que salvó Castro de caer en manos de quienes lo ejecutaron les esperaba un destino terrible, según lo que demostró de ser capaz el Estado uruguayo en defensa de su dictadura. La Comisión para la paz ejerció la ingenuidad de creer que miembros de una institución desde la que se secuestra, tortura, roba, viola y ejecuta, no mienten. Esos mentirosos están protegidos en lo que puede haber sido una operación de ganar tiempo, intoxicar con falsa información y barnizar a la institución militar para que no aparezca como tan envilecida o vaya uno a saber qué, por un decreto presidencial que les garantizaba el secreto. En defensa de esa institución, le sugerimos que le solicite al actual presidente que anule ese decreto y los nombres de los mentirosos sean públicos, de modo que la justicia los pueda interrogar.
A partir de sus palabras, tal vez el bienvenido inicio de un proceso de transparencia, hay dos actitudes posibles: esperar que se produzca, que es a lo que estamos reducidos los civiles, o actuar desde el poder que usted hoy tiene y que no es eterno. Si, como dice usted, el Ejército no encubrirá a homicidas o delincuentes, debería actuar paralelamente el tribunal de honor de su arma y las instancias que correspondan del Ejército (tal vez la justicia militar) considerar si los culpables, procesados y acusados deben además ser juzgados por ella y eventualmente cumplir sanciones como perder sus beneficios, su grado, aún su condición militar, y desmentido por la institución en la reivindicación del honor que son afectos a invocar.
La situación que perdura es mala para todos. Ha llevado a la institución que usted comanda a situaciones anómalas que también es necesario despejar. Por ejemplo, el teniente coronel Eduardo Radaelli está en actividad y preso en Chile tras un pedido de extradición en el caso Berríos. Al estar en actividad, es portador de la soberanía uruguaya mientras se avala su extradición, lo cual es un contrasentido. Por otra parte, hace tiempo le corresponde por antigüedad el ascenso a coronel, que no se efectiviza por razones que usted podría explicitar.
En suma: si usted quiere hacer Patria, haga Patria, general.
Lo saludan atte.,
Andrea Bea, 438.632-1; Daniel Vidal, 1.807.062-1, Moriana Hernández Valentini, CI 1.153.752-3; Eduardo Mariani, CC ARA 20110; ; Ana Solari, 1.367.240-0; Andrés Alsina, 1.084.802-0; Tatiana Oroño, 1.060.986-8; Estrella Arigón Barrocas, 1.595.618-5; Sabina Arigón, 1.905 087-0; Amanda Perez, 3.783.904-6; Nelson Castro Peñalba 1:387.652-9; Daniela Bourt 1.766.479-4; Mariángel Solomita Chiarelli, 4.681.030-8; Pablo Bielli, 2.639.733-2; Uri Groisman, 1.375.176-9; Esteban Núñez , 1. 152.209-7; Mabel Ferrer Urrutia, 3.889.002-7; Wilfredo S. Benitez, 1.015.433-0; Sofi Richero Díaz,1.885.346-3; Edit Diaz, 33133618; Laura Graciela Klang, 1.241.945.5; María Coria, 3.817.478-8; Raquel Martinez, 660.809-4; Félix Gómez, 1.149.219-3; Judith Porta, 1.550.736-8; Martha Nilson Alcoba, 1.079.612-2; Gabriel Bucheli, 1.426.163-8; Ana Lima, 1.828.086-6; Edgardo Ramón Pratt Jaen, 2.883.964-1 1.226, Walter Martinez, 1.226. 297-5; Jandra K. Pagani Caeiro, 3.762.194-0; Fanny Samuniski, 762.475-0; Rosina Harley, 1.170155-2; Silvia Sabaj, 1.226.180-2; Ana Herrneder, 966 356-2; Gladys Vespa, 1.580 058-2; Cristina Porta, 1.281.854-0; Hugo Bielli, 830.384-6; Delia Etchegoimberry, 1.185 585-6; María Ximena Aleman Silva, 4.154.828-9; Daiver Borgunder, 1.432.235-3; Mario Briatore, 1.153.352-7; Mariana Méndez, 1.874.986-0; Mara de Oliveira, 2.871.995-0; Walter Martinez,.1.226.297-5; Gabriel Sosa, 1.726.596-6; Amanda Pérez, 3.783.904-6; Ramiro Alonso, 2.978.711-4; Cristina Fynn 1.147.636-9; María José Caramés, 1.476.401-6; Valeria Conteris, 1.901.944-8; Darío Ávila 3.224.523-4; Edmundo Batthyany, 941.569-6; Pablo Porciúncula, 1.982.445-3; Estela Ortiz , 4.067.569-1; Diego Sapienza, 4.213.308-5; Javier Perdomo, 1.987.994-7; Lilian Golirgorsky, 4.413.288-9; Rodrigo Abelenda,4.603.251-6; Susana Rudolf Macció,1.455.226-5.
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